Una de las herramientas para establecer costos accesibles de alquileres en la Ciudad es crear un índice de control de precios por zona; sin embargo, no está contemplada dentro de la iniciativa de la Ley de Rentas Justas, consideró la Fundación La Roma. La organización entregó un oficio al Congreso local en el que externó sus preocupaciones por las carencias de la legislación y la falta de atención a procesos de gentrificación. Además, propuso modificaciones al ordenamiento, que actualmente se encuentra en discusión bajo parlamento abierto, como la configuración de un índice de control de rentas con sustento técnico, vigencia temporal y revisión periódica para poder establecer los precios máximos en distintas aristas de la Ciudad, especialmente en las llamadas «zonas tensionadas». «Incorporar un índice oficial de precios de alquiler por zona y la declaratoria de zonas de tensión, en las que la renta de nuevos contratos no pueda rebasar el valor de referencia», planteó. La Fundación explicó que la ley tampoco atendería los procesos de gentrificación, algunos ocasionados por el incremento de espacios de hospedaje temporal. «La iniciativa es insuficiente. Protege a quien ya renta, pero no actúa sobre las causas que encarecen la vivienda ni sobre la vía por la que hoy se pierde vivienda residencial en nuestras colonias, que es el hospedaje temporal. «La propia iniciativa se presenta como la respuesta del Gobierno a la gentrificación, pero no contiene instrumentos para combatirla», detalla el documento. Añadió que, aunque la Ley de Rentas establece que los arrendamientos no pueden incrementar por encima del valor de la inflación, no estípula un tope al precio, por lo que el primer contrato se podría fijar libremente, lo que daría la oportunidad de alzar los costos. «La ley aplica sólo al ‘arrendamiento habitacional’ y deja fuera la renta por plataformas como Airbnb. Si la renta de largo plazo queda topada y la de corto plazo sigue sin control efectivo, al propietario le convendrá retirar la vivienda del mercado residencial», explicó la Fundación. En el oficio también propuso ajustar el registro de contratos a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, dejar de autorizar espacios no aptos para la habitabilidad y dictaminar de manera coordinada, con la regulación de plataformas de hospedaje, el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Así como establecer una disposición que prohíba migrar viviendas arrendadas a alojamientos temporales. «Dictaminar esta ley junto con la reforma a la Ley de Turismo, con sanciones efectivas por rebasar el límite del 50 por ciento de las noches del año del Artículo 61 Sexies y (hacer acatar la) obligación de las plataformas de retirar anuncios sin registro», subraya el documento.
Fuente: Plano Informativo