La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia por el presunto uso de firmas, documentos y membretes falsos para extorsionar a enter gubernamentales y funcionarios. El órgano fiscalizador acusó que personas ajenas a su personal emitieron comunicaciones oficiales apócrifas atribuidas a distintos nombres, incluso, al propio titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien, según los oficios, ocupa el cargo de Director General de Auditoría del Gasto Federalizado. Tras realizar la revisión de los archivos, se identificaron membretes y logos que no corresponden a los oficiales de la dependencia. «Mandaron documentación falsa, son oficios comunicados donde intentan estas personas hacerse pasar por funcionarios públicos para intentar extorsionar a las entidades o a los funcionarios públicos a través de esta falsificación de documentos, falsificación de firmas e intentan generar algún tipo de extorsión a los entes públicos», dijo el Auditor a su salida de la FGR. Por ello, la Auditoría realizó la denuncia contra quien resulte responsable, y llamó a dependencias y funcionarios a no caer en esta trampa y realizar las acciones legales pertinentes. «Vamos a ser totalmente tajantes en combatir prácticamente todas estas prácticas y queremos hacer valer todo nuestro carácter de autoridad para inhibir cualquier posible acto de corrupción», sentenció. A finales de julio, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) exhibió un caso similar, en el que sujetos externos utilizaron documentos para acercarse a funcionarios y, de este modo, exigirles dinero a cambio de evitar consecuencias legales y administrativas. El artículo 243 del Código Penal Federal establece penas de entre cuatro y ocho años de prisión, así como 200 a 300 días de multa para quien o quienes falsifiquen documentos públicos, con un aumento de hasta cuatro años de condenas si se trata de servidores públicos.
Fuente: Plano Informativo